IU Alcobendas registra moción al pleno de Marzo en defensa del DERECHO HUMANO AL AGUA y su gestión pública
MOCIÓN: PARALIZACIÓN DEFINITIVA Y REVERSIÓN
DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II, Y ESTABLECER UN MODELO DE
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 100% PÚBLICO
Con la Ley 3/2008 de 29 de diciembre (Artículos 16 y 17), el Gobierno de la Comunidad de Madrid, comenzó el proceso de mercantilización y privatización del Canal de Isabel II a través de la constitución de una sociedad anónima de la que se vendería, una vez constituida, el 49% de sus acciones al capital privado.
El 6 de Junio de 2012 este Ayuntamiento firmó, con la Comunidad de Madrid, un convenio relativo a su incorporación al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II, que supuso la participación del Ayuntamiento, como accionista, en el capital social de la sociedad anónima y la firma obligada del convenio de gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo humano, cuyas cláusulas son lesivas para los intereses de la Corporación y ponen al Ayuntamiento en una situación de subalternidad frente a la sociedad anónima.
En el segundo trimestre de 2012, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió suspender provisionalmente la entrada de capital privado al Canal de Isabel II, por diversas circunstancias, pero constituyó, en el mes de julio de 2012, la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión (en adelante, Canal Gestión), como instrumento necesario para la futura privatización. La sociedad se formó con un accionariado totalmente público, (82,4% de la Comunidad de Madrid y 17,6% de los ayuntamientos), con una estructura de Dirección que ha excluido a los Ayuntamientos y a otros actores interesados de la toma de decisiones.
Canal Gestión,
durante sus tres años de vida, ha funcionado como una empresa privada de carácter
mercantil, opaca y patrimonializada por el Partido Popular, preocupada exclusivamente
por ampliar beneficios, más contables que reales, y cuota de mercado (incluso fuera
de nuestras fronteras), desatendiendo el interés general y en particular el de
los ciudadanos madrileños y el de los ayuntamientos que les representan, y sin
una apuesta fuerte por el mantenimiento de las infraestructuras e inversiones
en el servicio, ni en los medios técnicos y humanos necesarios. Solo en este
contexto pueden explicarse operaciones como la compra de la empresa de
abastecimiento de agua en Lanzarote (INALSA), la licitación de la gestión de la
empresa de aguas de Pasto (Colombia), el intento de deslocalización de los trabajos
atención al cliente por GSS-Venture y los supuestos delitos por cohecho
cometidos por Hispanagua, empresa filial de Canal Gestión.
Con el objetivo
de maximizar los beneficios, para hacer más atractiva la sociedad a los potenciales
accionistas privados, Canal Gestión está realizando una agresiva política de reducción
de costes e inversiones, manteniendo altas tasas de rendimiento y olvidándose
de las actuaciones que en materia de medio ambiente está obligada a llevar a
cabo en función de la aplicación de la Directiva Marco del Agua y la normativa
europea relativa a la calidad de las aguas. Esta política suicida, solo
comprensible desde el punto de vista de la privatización de la empresa, puede
poner en peligro la estabilidad y sostenibilidad del propio servicio público.
Por otro lado,
estamos asistiendo a una política agresiva de cortes y condenas de suministro de
agua por parte de Canal Gestión, a ciudadanos que no disponen de recursos
económicos, impropia de una empresa pública que gestiona un derecho humano
fundamental, ilegal e incumplidora de los Tratados internacionales suscritos
por el Estado español, que los ayuntamientos no podemos permitir, debiendo
respetar que el suministro de agua constituye un derecho humano, en los
términos definidos por las Naciones Unidas, que obliga a garantizar una
dotación mínima para cada ciudadano y por lo tanto a asumir el compromiso de no
cortar el agua en caso de impagos justificados social económicamente.
Que el
abastecimiento de agua y el acceso al agua potable es un derecho humano
universal conforme ha sido configurado y reconocido por la propia Asamblea
General de las Naciones Unidas, así como, por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, siendo requisito del mismo derecho, el acceso asequible
al mismo, debiendo primar dicha configuración sobre cualquier otro aspecto y,
menos aún, sobre los aspectos de mera rentabilidad económica y de aumento de la
recaudación, más aún, cuando lo que se pretende, es preparar una mayor
capacidad recaudatoria y financiera de una entidad que pretende ser privatizada.
Que el propio
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su sesión de Mayo de 2012,
ya ha realizado observaciones sobre los recortes realizados por el estado
español, instando abiertamente al mismo, a que en virtud del principio de indivisibilidad,
universalidad e interdependencia de los derechos humanos, adopte las medidas
legislativas pertinentes para garantizar los derechos económicos, sociales y
culturales un nivel de protección análogo al que se aplica a los derechos
civiles y políticos.
Nuestra
conclusión es que el modelo de gestión del agua, vigente en la actualidad,
basado en la existencia de una sociedad anónima, es ineficiente desde el punto
de vista económico, social y ambiental, inadecuada para la prestación de un
servicio público, contradictorio con las competencias que en materia de agua
disponen las distintas administraciones y perjudicial para los legítimos
intereses de los madrileños y madrileñas y de los ayuntamientos que los representan.
Sólo se justifica este modelo en función de una futura privatización, a la que
nos oponemos radicalmente.
En consecuencia,
el modelo de gestión actual debe cambiarse por uno nuevo basado en una gestión pública al 100%, de carácter no
mercantil, sin ánimo de lucro, transparente, sostenible, participativo, que
haga efectivo el derecho humano al agua, respetuoso con las competencias municipales,
donde los ayuntamientos tengan capacidad de decisión y vinculado al derecho humano
al agua. Ello implicaría, la eliminación de la sociedad anónima Canal Gestión y
el retorno a la fórmula jurídica de entidad de derecho público.
Por todo lo
expuesto, Izquierda Unida propone al Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas la
adopción de la siguiente,
MOCIÓN:
- Instar
al Gobierno de la Comunidad de Madrid a paralizar definitivamente el
proceso de privatización del Canal de Isabel II, derogando los artículos
16 y 17 de la Ley 3/2008 de 29 de diciembre (Artículos 16 y 17), que
posibilitaron dicho proceso. Ello implicaría, la eliminación de la
sociedad anónima Canal Gestión y el retorno a la fórmula jurídica de
entidad de derecho público.
- Instar
a la Comunidad de Madrid a presentar un proyecto de Ley que establezca un
nuevo modelo de gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de
Madrid, basado en una gestión pública cien por cien, de carácter no
mercantil, sin ánimo de lucro, transparente, sostenible, que haga efectivo
el derecho humano al agua, participativa y respetuosa con las competencias
municipales, en la que los ayuntamientos puedan incidir en las decisiones
y vinculada al derecho humano al agua. Se dará la máxima importancia a la
participación ciudadana en el control de la gestión del Canal de Isabel
II, a través de un Observatorio del Agua. En la elaboración de la Ley se
dará participación a los ayuntamientos.
- Instar
al Gobierno de la Comunidad de Madrid a hacer efectivo el derecho humano
al agua, mediante todas sus competencias e, incluso, elaborando aquellas
normativas, incluyendo la iniciativa legislativa, que desarrolle
normativamente en su ámbito competencial el derecho humano al agua, en los
términos establecidos por las Naciones Unidas y el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
- Que
tanto este Ayuntamiento, por medio de sus competencias, y de su
participación social, como la Comunidad de Madrid, como parte fundamental
de las obligaciones y derechos establecidos en dicha normativa
internacional y de directa aplicación, su interpretación y desarrollo,
harán efectiva la garantía de acceso a una dotación mínima para cada
ciudadano y ciudadana, así como, asumen la imposibilidad de cortar el
suministro de agua en caso de impagos justificados social y
económicamente, respetándose un mínimo vital básico en todo caso, tanto
por el Canal de Isabel II y Canal Gestión.
- Dar
traslado a los grupos políticos en la Asamblea de Madrid y a la Presidenta
de la Comunidad de Madrid, Dª Cristina Cifuentes Cuencas.
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